La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023 ha provocado un cambio radical en el mercado inmobiliario, generando un impacto significativo en propietarios e inquilinos. Con esta medida, los alquileres vuelven a regirse por el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que ha modificado las reglas del juego para ambas partes.
Anteriormente, la Ley 27.551 establecía mínimos en los contratos de locación y condiciones específicas para la rescisión anticipada. Sin embargo, con la eliminación de esta ley, se ha permitido una mayor libertad contractual. Ahora, los contratos pueden tener una duración acordada libremente entre las partes, pactarse en cualquier moneda y ajustarse en cualquier periodicidad.
Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de penalizar a los inquilinos con multas que superan ampliamente el monto del alquiler. Por ejemplo, el Artículo 1221 del Código Civil y Comercial establece que si un inquilino abandona la propiedad antes del plazo acordado, deberá indemnizar al propietario con el 10% del total de los alquileres restantes.
Para evitar estas sanciones económicas, es fundamental que el contrato de alquiler incluya una cláusula de rescisión anticipada, un plazo de preaviso, condiciones específicas para la terminación del contrato y un monto de indemnización acordado. De esta manera, las partes pueden prever posibles situaciones conflictivas y actuar con previsibilidad y razonabilidad.
En resumen, la derogación de la Ley de Alquileres ha cambiado drásticamente el panorama para propietarios e inquilinos, otorgando mayor flexibilidad en los contratos pero también imponiendo nuevas obligaciones y penalidades. Es fundamental que ambas partes conozcan sus derechos y deberes para evitar conflictos legales y garantizar una relación armoniosa en el mercado inmobiliario.
Marisa Ramirez se formo trabajando en medios Argentinos como Perfil, La Nacion y La Voz, trabajo generando contenidos relevantes para Argentina en las secciones de tecnología y nuevas tendencias de consumo.
